¿Juicios atrapados? El Poder Judicial advierte sobre retrasos en casos de corrupción y crimen organizado por la ley del Congreso

Fuente: Diario Oficial El Peruano, 10 de febrero de 2025

Hans Contreras señala que la Ley 32130 podría generar demoras en el inicio de juicios orales

El presidente de la Corte Superior Nacional de Justicia (CSN), Hans Contreras Cuzcano, alertó que más de 100 casos clave relacionados con crimen organizado y corrupción de funcionarios podrían sufrir retrasos debido a la reciente promulgación de la Ley 32130, que modifica el Código Procesal Penal. La norma, que fue impulsada por el Congreso en octubre de 2024, otorga a los acusados la posibilidad de impugnar el auto de enjuiciamiento antes de que se inicie el juicio oral, lo que podría generar una fase adicional que retrase aún más los procesos penales en curso.

La Ley 32130 y su impacto en los juicios de alto perfil

Hans Contreras explicó que la Ley 32130, que fortalece la investigación del delito por parte de la Policía Nacional del Perú (PNP) y busca agilizar los procesos penales, ha cambiado la dinámica del proceso judicial. Ahora, los acusados pueden impugnar la resolución que ordena el inicio del juicio oral, lo que podría significar un retraso significativo en el trámite de casos complejos como los de crimen organizado y corrupción.
La nueva ley establece que la impugnación del auto de enjuiciamiento debe ser resuelta antes de que se pueda iniciar el juicio oral, lo cual podría generar una demora adicional en más de 100 casos actualmente en etapa intermedia.

Casos de gran envergadura en riesgo de ser demorados

Contreras resaltó que, debido a la complejidad de los casos involucrados, algunos de los procesos más importantes podrían verse afectados. Casos que involucran más de 30 procesados, personas jurídicas y delitos complejos requieren una cantidad considerable de tiempo y recursos tanto de los magistrados como del personal judicial.
“En nuestra corte tenemos aproximadamente más de 100 casos que están en la etapa intermedia, casos de crimen organizado y corrupción de funcionarios. Estos casos, una vez emitido el auto de enjuiciamiento, pueden ser impugnados por las partes. Este procedimiento, que antes no existía, implica que el juicio se retrase“, explicó Contreras.

El impacto de la impugnación en casos emblemáticos

La Ley 32130 no solo afecta a los casos de crimen organizado y corrupción en general, sino también a los juicios de alto perfil, como los de expresidentes y exfuncionarios. Contreras mencionó que el juicio contra exalcaldesa Susana Villarán, que involucra a 21 acusados y 10 personas jurídicas, se encuentra actualmente suspendido a la espera de resolver las impugnaciones presentadas.
Otros casos importantes, como los de los expresidentes Alejandro Toledo, Martín Vizcarra y Ollanta Humala, también podrían verse demorados debido a esta nueva etapa procesal. Los recursos de apelación que se presenten podrían alargar aún más el tiempo de resolución de estos juicios.

El derecho a la defensa vs. el riesgo de dilación

Si bien Contreras reconoció que la impugnación de los autos de enjuiciamiento es parte de la garantía del derecho a la defensa, advirtió que este derecho podría generar demoras innecesarias en los juicios. La ley establece que, en casos complejos, las apelaciones deben resolverse antes de que el juicio oral pueda comenzar, lo cual agrega un paso adicional al proceso y puede retrasar significativamente los tiempos de respuesta.
“La apelación del auto de enjuiciamiento impide al tribunal iniciar el juicio de forma inmediata. En lugar de iniciar el juicio como corresponde, ahora primero debe resolverse la apelación, lo que genera una demora en todo el proceso“, agregó el presidente de la CSN.

¿Qué alternativas existen?

A pesar de las dificultades generadas por la nueva ley, Contreras enfatizó que el Poder Judicial cumplirá con la normativa y se ajustará a los procedimientos establecidos. No obstante, también señaló que los recursos procesales podrían contribuir a la dilación del sistema judicial, por lo que instó a la reflexión sobre el impacto de estas reformas.
En cuanto al caso del expresidente Pedro Castillo, Contreras destacó la decisión de la Sala Penal Especial de la Corte Suprema de iniciar el juicio oral tras emitir el auto de enjuiciamiento y de elaborar un cronograma de sesiones para garantizar la celeridad en el proceso. Este enfoque podría servir como modelo para replicarlo en otros casos, buscando reducir los retrasos innecesarios.

Conclusiones: Un sistema judicial en tensión

La nueva fase judicial introducida por la Ley 32130 representa una doble cara para el sistema de justicia peruano. Por un lado, se asegura el derecho a la defensa y se busca una mayor transparencia en el proceso penal, pero, por otro lado, podría incrementar la carga de trabajo y prolongar innecesariamente los tiempos de resolución de casos que involucran a altos funcionarios y casos de gran complejidad.
El Poder Judicial deberá encontrar un equilibrio entre garantizar los derechos de los acusados y asegurar la pronta justicia, sin que se vea afectada la lucha contra el crimen organizado y la corrupción en el país.

10 de febrero de 2025