Ministro del Interior de Perú denuncia a la Fiscal de la Nación por abuso de autoridad y filtración de investigación

Fuente: Diario El Correo, 17 de febrero de 2025

El conflicto entre el ministro del Interior de Perú, Juan José Santiváñez, y la fiscal general del país, Delia Espinoza, ha escalado a nuevas dimensiones con la reciente presentación de una denuncia constitucional por parte del ministro. La denuncia acusa a Espinoza de abuso de autoridad, específicamente por la filtración de detalles confidenciales sobre una investigación en curso en su contra. Este artículo explora los elementos clave de esta denuncia y las implicaciones políticas y legales de la disputa.

Denuncia constitucional contra la fiscal de la nación

El 17 de febrero de 2025, el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, presentó una denuncia constitucional ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, en la que solicita la inhabilitación de Delia Espinoza, la fiscal general de la Nación, por un período de diez años. Santiváñez acusa a Espinoza de haber cometido abuso de autoridad tras permitir la filtración de información confidencial relacionada con una investigación abierta en su contra. El ministro sostiene que la divulgación pública de detalles privados de la investigación violó principios fundamentales de la justicia, como la presunción de inocencia y el derecho al debido proceso.

La denuncia también plantea que, al compartir información de la investigación con los medios de comunicación, la fiscal transgredió normas de la Ley de Carrera Fiscal y la Constitución, que exigen que las investigaciones realizadas por la Fiscalía sean mantenidas en reserva hasta que se determinen los hechos y se presenten pruebas concluyentes.

El contexto de la investigación contra Santiváñez

La denuncia contra la fiscal Espinoza está vinculada a una investigación abierta por el Ministerio Público sobre la presunta comisión de abuso de autoridad por parte de Santiváñez. La investigación se originó debido a unos audios filtrados en los que, según la acusación, el ministro del Interior habría solicitado a un capitán de la Policía Nacional del Perú (PNP) “controlar” al periodista Marco Sifuentes. Estos audios, grabados por el capitán Junior Izquierdo, fueron entregados a la Fiscalía como parte de la denuncia.

En los audios, se afirma que Santiváñez le pidió al capitán que ejerciera influencia sobre el periodista para limitar su cobertura. La Fiscalía abrió una investigación por abuso de autoridad, un delito que implica el uso indebido del poder o de funciones públicas para fines personales o políticos. Sin embargo, Santiváñez ha negado la autenticidad de los audios, argumentando que su voz no es la que aparece en las grabaciones, aunque admitió que la reunión en la que se grabaron los audios sí ocurrió.

Filtración de información confidencial y violación del debido proceso

Uno de los puntos centrales de la denuncia presentada por Santiváñez es la filtración de detalles confidenciales de la investigación. El ministro sostiene que, cuando un funcionario es denunciado, la Fiscalía comparte inmediatamente los detalles de la investigación con los medios de comunicación, lo que él considera una violación de la presunción de inocencia y una infracción a su derecho al debido proceso. Según Santiváñez, este tipo de filtraciones no solo daña la imagen del investigado, sino que también distorsiona el curso de las investigaciones al generar un juicio público antes de que se resuelva el caso en los tribunales.

El ministro criticó públicamente que, pese a que la Ley del Ministerio Público establece que las investigaciones deben ser reservadas, en su caso se divulgó información reservada. Según él, esta falta de discreción pone en riesgo la imparcialidad del proceso y socava el principio fundamental de la justicia.

Solicitud de inhabilitación de la fiscal general

En su denuncia constitucional, Santiváñez solicita que Delia Espinoza sea inhabilitada para ejercer cargos públicos durante un período de hasta diez años. La solicitud de inhabilitación se basa en la acusación de que la fiscal incurrió en graves infracciones constitucionales, específicamente al permitir la filtración de detalles reservados de la investigación. Según el ministro, la fiscal actuó con fines mediáticos, utilizando la información filtrada para ganar apoyo público y presionar a las autoridades en el marco de la investigación.

Santiváñez también alega que la fiscal no respetó las normativas legales que rigen la labor del Ministerio Público, al hacer públicos detalles confidenciales que, en su opinión, deberían haberse mantenido en reserva hasta que se determinara la culpabilidad o inocencia del acusado. De ser aceptada la denuncia, la inhabilitación de Espinoza tendría un impacto significativo en su carrera, considerando su rol como la cabeza del Ministerio Público en Perú.

El conflicto sobre el iCloud y la privacidad

Además de la filtración de información confidencial, otro punto de fricción entre Santiváñez y la Fiscalía ha sido la solicitud de la fiscal general para acceder a la cuenta de iCloud del ministro. En enero de 2025, el Ministerio Público pidió a Santiváñez que entregara su teléfono móvil para ser investigado en relación con los audios comprometedores. Sin embargo, cuando el ministro entregó un teléfono vacío, la Fiscalía solicitó también que proporcionara su contraseña de iCloud.

Santiváñez rechazó esta solicitud, alegando que entregar la contraseña de su cuenta de iCloud permitiría a la Fiscalía acceder a datos privados extremadamente sensibles, incluyendo información bancaria, fotografías personales, y datos familiares. Según el ministro, este requerimiento violaría su derecho a la intimidad y a la privacidad, al igual que el principio de proporcionalidad en la recolección de pruebas.

El ministro ha expresado que, si la fiscal desea obtener información personal sobre su vida, debería citarlo en lugar de acceder a su cuenta privada sin su consentimiento. Esta disputa sobre la privacidad digital ha añadido una capa adicional de tensión a la ya compleja relación entre Santiváñez y la Fiscalía.

La respuesta del ministro: defensa de las instituciones

A lo largo de este conflicto, Santiváñez ha insistido en que las instituciones del país deben prevalecer sobre las personas que las ocupan. En sus declaraciones, ha subrayado que el Ministerio del Interior continuará trabajando con eficacia y que, si él es removido de su cargo, el funcionamiento de la institución no se verá afectado. El ministro también ha defendido la independencia del poder judicial y ha dejado claro que no es su intención debilitar a las instituciones del Estado, sino exigir que se respeten sus derechos como ciudadano y funcionario público.

Además, ha criticado el accionar de la Fiscalía, a la que acusa de utilizar su poder para fines mediáticos y políticos. Santiváñez ha declarado que el Ministerio Público debe actuar con imparcialidad y dentro del marco de la ley, sin permitir que intereses externos influyan en la forma en que se llevan a cabo las investigaciones.

Posibles consecuencias para la fiscal

El Congreso de Perú, a través de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, será el encargado de evaluar la denuncia presentada por Santiváñez contra la fiscal general. Este órgano tiene la responsabilidad de determinar si existen méritos suficientes para iniciar un proceso de inhabilitación, lo que podría llevar a la destitución de Espinoza. Si la denuncia avanza, el proceso podría tener implicaciones significativas para el sistema judicial de Perú, ya que la independencia de la Fiscalía y su capacidad para actuar sin interferencias políticas es fundamental para el funcionamiento del Estado de Derecho.

Por su parte, el abogado defensor del capitán Junior Izquierdo, quien presentó los audios que originaron la investigación, ha señalado que la denuncia constitucional contra la fiscal no debe interferir con la toma de pruebas en el caso. Sin embargo, la tensión generada por las acusaciones podría influir en el desarrollo de la investigación y las decisiones futuras de la Fiscalía.

La fiscal y la fiscalía en el centro de la controversia

Este conflicto entre Santiváñez y Espinoza refleja una división creciente en el sistema judicial peruano. La fiscal general se encuentra en una posición incómoda, mientras se enfrenta a acusaciones de abuso de poder y violación de la confidencialidad de las investigaciones. Este caso subraya las tensiones políticas y judiciales que marcan el panorama peruano, especialmente en un momento en el que la independencia de las instituciones está bajo escrutinio.

Conclusión: un enfrentamiento que podría marcar la política peruana

La denuncia constitucional presentada por Juan José Santiváñez es solo una de las últimas manifestaciones de un conflicto más amplio que involucra al gobierno, la Fiscalía y las instituciones judiciales en Perú. A medida que se desarrollan los procedimientos legales, el impacto de este enfrentamiento podría ir más allá de la relación entre el ministro y la fiscal, afectando la percepción pública sobre la imparcialidad de las instituciones y su capacidad para actuar sin presiones externas. Las decisiones que tomen el Congreso y la Fiscalía en los próximos días tendrán repercusiones significativas para el futuro político del país.

18 de febrero de 2025.