
¿Qué hay detrás del archivamiento en la Contraloría sobre el patrimonio de Dina Boluarte? Un entramado de cuestionamientos e irregularidades

Fuente: Canal N, 18 de febrero
La presidenta Dina Boluarte está nuevamente en el ojo de la tormenta. Un reciente informe de la Contraloría General de la República exoneró a la mandataria de un presunto desbalance patrimonial, a pesar de las alarmas encendidas por el Ministerio Público, que advirtió sobre presuntas irregularidades en sus cuentas bancarias. Este incremento extraordinario en su patrimonio, que pasó de S/160,415 en 2021 a S/792,167 en 2024, ha despertado dudas, pero el informe de la Contraloría, firmado por una funcionaria clave, plantea más preguntas que respuestas.
¿Qué hay detrás de la decisión de la Contraloría?
El informe de la Contraloría, dirigido por César Aguilar Surichaqui, concluyó que no existen desbalances en las cuentas de Dina Boluarte, sin embargo, los detalles detrás de la decisión han generado controversia. La funcionaria Vanessa Walde Ortega, subgerente de Fiscalización, fue quien firmó el documento que exoneró a la presidenta. Sin embargo, Walde ha estado fuera del país desde el 14 de enero de 2025, de licencia por maternidad, y sigue percibiendo su salario completo. A pesar de su ausencia, la fiscalización continuó bajo su supervisión, lo que ha dado lugar a sospechas sobre la imparcialidad del proceso.
Un vínculo cuestionado: ¿Conflictos de interés en la Contraloría?
Vanessa Walde no es una funcionaria cualquiera. Es hija de Vicente Walde Jáuregui, exjuez supremo vinculado a César Hinostroza, un prófugo de la justicia involucrado en el escándalo de los “Cuellos Blancos del Puerto”. Este vínculo familiar plantea la posibilidad de un conflicto de interés en la Contraloría, especialmente cuando César Aguilar Surichaqui, actual contralor, fue subordinado del mismo juez en la Universidad Nacional Federico Villarreal.
Este vínculo fue confirmado en un documento notariado que evidenció la relación laboral entre Aguilar y Vicente Walde. La designación de Vanessa Walde a un cargo clave en la Contraloría, sin contar con experiencia suficiente en el sector público, ha provocado la sospecha de que la institución podría estar actuando en favor de la presidenta Boluarte, en lugar de velar por los intereses del país.
Fiscalía toma cartas en el asunto: Investigación sobre Vanessa Walde
Ante los cuestionamientos, la Fiscalía Anticorrupción de Lima Centro ha iniciado una investigación preliminar sobre las irregularidades en la selección y salario de Vanessa Walde. La investigación apunta a si la funcionaria cumplió con los requisitos necesarios para ocupar su cargo en la Contraloría, ya que no contaba con la experiencia profesional mínima requerida.
El Ministerio Público también ha señalado que la ausencia prolongada de Walde en el país podría haber afectado la objetividad de la fiscalización realizada sobre el patrimonio de la presidenta. A pesar de estos señalamientos, el abogado de Dina Boluarte, Juan Carlos Portugal, defiende el informe de la Contraloría y asegura que la fiscalización fue imparcial y transparente.
El aumento patrimonial de Dina Boluarte: ¿Enriquecimiento ilícito?
El aumento en el patrimonio de la presidenta Boluarte, que se cuadruplicó en solo tres años, ha sido uno de los puntos más críticos del informe. A pesar de las explicaciones ofrecidas por la defensa de la mandataria, los peritos oficiales de la Fiscalía han detectado depósitos por S/58,699 sin origen claro en las cuentas de la presidenta. Esto ha alimentado las sospechas de un posible enriquecimiento ilícito, especialmente en el contexto del Caso Rolex, que también involucra a la presidenta.
El exprocurador anticorrupción Julio Arbizu ha expresado que este aumento patrimonial es anómalo y que solo profundiza las dudas sobre la transparencia del gobierno de Boluarte.
La respuesta de la Contraloría: Imparcialidad en la fiscalización
A pesar de las críticas y sospechas que rodean al informe, la Contraloría ha defendido su labor. En un comunicado, aseguraron que la fiscalización se llevó a cabo con total imparcialidad y conforme a las normas establecidas. Afirmaron que la investigación sobre las cuentas de Dina Boluarte se desarrolló entre marzo y octubre de 2024, sin distinciones entre funcionarios, y que la información sobre el incremento patrimonial no puede ser revelada por tratarse de datos protegidos por el secreto bancario.
¿Qué se viene? Las investigaciones siguen abiertas
A medida que avanza la investigación, se suman más interrogantes sobre el proceso de fiscalización y los posibles conflictos de interés dentro de la Contraloría. La Fiscalía continúa trabajando en el caso y podría ampliar las acusaciones en contra de la presidenta Dina Boluarte, mientras que el informe de la Contraloría sigue siendo utilizado por su defensa para justificar la legalidad de sus ingresos.
El futuro de este caso dependerá de las investigaciones que lleve a cabo la Fiscalía, pero lo cierto es que las conexiones familiares, los cuestionamientos sobre la imparcialidad en la Contraloría y el aumento extraordinario en el patrimonio de la presidenta seguirán siendo un tema de debate en la política peruana.
Un escenario incierto y lleno de dudas
Este caso no solo pone en tela de juicio el patrimonio de la presidenta Boluarte, sino también la independencia y transparencia de las instituciones encargadas de fiscalizar a los altos funcionarios del Estado. Con la Fiscalía investigando las irregularidades, y la Contraloría defendiendo su imparcialidad, el desenlace de este conflicto podría cambiar la percepción pública sobre la gestión de la mandataria. En un país donde la desconfianza en las instituciones es alta, este tipo de situaciones solo aumenta la incertidumbre y las sospechas sobre el verdadero alcance de la corrupción en el gobierno.

20 de febrero de 2025