馃摐 Tribunal Constitucional Declara Inconstitucional la Tasa Adicional al Impuesto Predial
Fuente: Diario Oficial El Peruano, 10 de febrero de 2025
El Tribunal Constitucional (TC) ha declarado inconstitucional la tasa adicional del 100% sobre el Impuesto Predial que hab铆a sido aplicada a los terrenos urbanos no desarrollados, establecida por la Ley 31313. Esta medida afectaba a los propietarios de terrenos que no cumpl铆an con ciertas obligaciones urban铆sticas.
Este fallo tiene implicaciones claves para la recaudaci贸n fiscal y la pol铆tica de desarrollo urbano a nivel nacional. Conoce c贸mo te afecta esta nueva decisi贸n.
驴Qu茅 dijo el Tribunal Constitucional sobre la tasa adicional?
En el fallo emitido el 5 de febrero de 2025, el TC resolvi贸 que la tasa adicional sobre el Impuesto Predial, prevista en la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible (Ley 31313), era excesiva e inconstitucional.
La tasa adicional se cobraba a los propietarios de predios sin edificar ni urbanizar, con el fin de incentivar el desarrollo. Sin embargo, el TC consider贸 que duplicar la tasa del Impuesto Predial para estos casos representaba una carga desproporcionada sobre el derecho de propiedad de los contribuyentes, por lo que la medida fue anulada.
驴Qu茅 significa esto para los contribuyentes y c贸mo pueden reclamar?
Tras esta decisi贸n, los contribuyentes que pagaron este tributo de m谩s pueden solicitar la devoluci贸n del monto abonado o compensarlo con otras obligaciones tributarias futuras. Este aspecto proporciona alivio a muchos propietarios que se vieron afectados por un incremento inesperado de sus cargas fiscales.
Es importante que los contribuyentes se acerquen a sus municipalidades para gestionar las solicitudes de devoluci贸n o compensaci贸n de pagos. Este proceso puede ser clave para recuperar parte de lo pagado en exceso.
驴Qu茅 pasa con los cobros por participaci贸n en el incremento del valor del suelo?
Aunque la tasa adicional sobre el Impuesto Predial fue anulada, el cobro por participaci贸n en el incremento del valor del suelo se mantiene.
Este concepto se refiere al pago que deben hacer los propietarios de terrenos cuando el valor de sus predios aumenta gracias a la intervenci贸n del Estado, como proyectos de infraestructura p煤blica o cambios en la zonificaci贸n. El Tribunal estableci贸 que este cobro debe ser proporcional y razonable, y no debe generar una doble imposici贸n.
驴Qu茅 riesgos podr铆a generar esta anulaci贸n para el tr谩fico ilegal de terrenos?
Si bien la anulaci贸n de la tasa adicional representa un alivio para muchos, algunos expertos advierten que esta decisi贸n podr铆a incentivar el tr谩fico ilegal de terrenos. Esto ocurre porque la tasa adicional ten铆a como objetivo evitar que los propietarios de terrenos no desarrollados se beneficiaran del incremento de su valor sin asumir ninguna responsabilidad.
Al no existir ahora esa presi贸n tributaria adicional, podr铆a haber menos incentivo para desarrollar terrenos, lo que podr铆a facilitar la venta o especulaci贸n de predios sin edificar.
驴C贸mo afecta a las municipalidades y al SAT?
Las municipalidades que administraban estos cobros tendr谩n que ajustarse a la nueva normativa, gestionando los reembolsos o compensaciones de manera eficiente. Adem谩s, el Servicio de Administraci贸n Tributaria (SAT), que recauda impuestos en algunas zonas, tambi茅n se ver谩 afectado por la modificaci贸n de las tasas tributarias.
Si bien el Tribunal mantiene algunos conceptos como la participaci贸n en el incremento del valor del suelo, estos cambios pueden generar un reto administrativo tanto para los gobiernos locales como para los contribuyentes.
驴Qu茅 sigue ahora?
Es fundamental que los contribuyentes revisen sus pagos de Impuesto Predial y est茅n atentos a las posibles devoluciones que puedan solicitar. Al mismo tiempo, las municipalidades deber谩n actualizar sus sistemas de cobro y estar preparadas para recibir solicitudes de compensaci贸n.
Si bien este fallo busca proteger los derechos de los ciudadanos frente a cobros excesivos, tambi茅n abre un debate sobre c贸mo fomentar un desarrollo urbano sostenible sin caer en medidas que puedan perjudicar a los contribuyentes o crear incentivos incorrectos.
10 de febrero de 2025
