DETECTAN ERROR TÉCNICO EN BASES ESTÁNDAR PARA CONTRATAR SERVICIOS PÚBLICOS: ENTIDADES EN APRIETOS

Fuente Licita Fácil

Las bases estándar que deben usar las entidades del Estado para contratar servicios en general, mediante concurso público y concurso público abreviado, presentan un problema técnico que, aunque parece menor a primera vista, podría afectar la legalidad de numerosos procedimientos de selección en todo el país.

El detalle está en un requisito que establecen ambos documentos aprobados por la Dirección General de Abastecimiento (DGA): se exige que la evaluación técnica de las propuestas considere, como mínimo, cuatro factores de evaluación que sumen 100 puntos. Hasta ahí, todo parece razonable.

Sin embargo, cuando se trata de servicios permanentes, como los de limpieza, vigilancia o jardinería —es decir, aquellos que no implican una entrega única de producto ni una garantía postventa—, los evaluadores se topan con una limitación práctica: algunos factores sugeridos, como “plazo de entrega” o “garantía comercial”, simplemente no aplican. No tiene sentido evaluar qué tan rápido se entregará un servicio que debe prestarse a diario o mensualmente, ni asignar puntaje por una garantía que legalmente ya está incluida.

El problema surge cuando, al intentar cumplir con la exigencia de usar al menos cuatro factores distintos sin considerar esos dos, la suma de los puntajes máximos posibles apenas llega a 95 puntos. Es decir, aun utilizando todos los factores restantes disponibles en las bases (como experiencia del personal, sostenibilidad ambiental o social, integridad o capacitaciones), no se puede alcanzar el total obligatorio de 100 puntos sin forzar la inclusión de factores irrelevantes.

“Esto genera un dilema operativo y legal. Si no llegas a los 100 puntos, incumples las bases. Pero si incluyes factores o puntajes mayores a los aprobados, para llegar a ese número, vulneras el principio de razonabilidad y objetividad del proceso”, señala un especialista en contrataciones públicas consultado por este medio.

Esta situación ha comenzado a preocupar a diversas entidades públicas que se preparan para lanzar procesos de selección en el segundo semestre del año. Algunas de ellas ya estarían considerando elevar consultas al Organismo Especializado para las Contrataciones Públicas Eficientes (OECE) o incluso solicitar a la DGA que corrija el modelo de bases.

La solución, según los expertos, podría ser tan sencilla como permitir que el número mínimo de factores se adecúe al tipo de servicio o ajustar los puntajes máximos permitidos por cada uno. Lo cierto es que, mientras no se aclare el tema, las entidades corren el riesgo de que sus concursos sean observados, anulados o impugnados por los postores.

Un pequeño error técnico en el papel, pero uno que podría costar tiempo, dinero y eficiencia en la administración pública.

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